13/02/2018 Per

El gobierno ampli por 30 das el decreto anti-Odebrecht

La decisión se tomó mientras está en debate una nueva norma cuyo objetivo es que las empresas investigadas por corrupción sigan trabajando en el país a cambio de una reparación civil.

El Gobierno peruano anunció que extenderá por 30 días el decreto 003, creado para afrontar el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht y cuya vigencia expiraba este martes, mientras se debate una normativa de reemplazo que permita reactivar grandes proyectos de infraestructura.

La nueva norma, cuyo objetivo es garantizar es que las empresas investigadas por corrupción sigan trabajando en el país a cambio de una reparación civil, fue presentada por el Ejecutivo el pasado miércoles ante el Congreso, con la confianza de que sería aprobada rápidamente, pero no obtuvo el apoyo suficiente.



Según la agencia de noticias EFE, tras una reunión conjunta de alrededor de ocho horas de las comisiones parlamentarias de Economía y Justicia con los respectivos ministros de Economía, Claudia Cooper, y de Justicia, Enrique Mendoza, ambas partes acordaron seguir negociando el nuevo decreto durante un mes más.

Cooper explicó que el Ejecutivo incorporó algunos aportes de los congresistas pero destacó que el debate debe continuar para afinar la norma.

"Es absolutamente importante porque necesitamos una norma con la fortaleza suficiente para dar certidumbre a los agentes económicos, de manera que tomen decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversiones", indicó.

El decreto 003, conocido como Anti-Odebrecht, fue aprobado el 13 de febrero de 2017 en medio del escándalo suscitado por las revelaciones de Marcelo Odebrecht, expresidente de las constructora brasileña, sobre los millonarios sobornos pagados a funcionarios peruanos a cambio de adjudicarse grandes contratos en obras públicas.



La norma ordenó la intervención de cuentas, prohibió contrataciones estatales y controló de forma tajante la venta o transferencias de bienes y capitales de empresas que hubieran confesado actos de corrupción o que fueran culpables de ese delito.

En un principio solo implicaba a Odebrecht, pero luego se amplió para que afectara a los socios, lo que puso en entredicho a gran parte de las empresas constructoras peruanas, que a su vez también se han visto envueltas en escándalos paralelos de corrupción.

Las implicaciones del decreto también desalentaron a ejecutivos de las constructoras a colaborar con las investigaciones a cambio de beneficios.