08/01/2018 CLAVES PARA ENTENDER

En qu consiste el conflicto entre el gobierno de Bolivia y los mdicos

El enfrentamiento entre los profesionales de la salud y el gobierno boliviano comenzó el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal. A 47 días, ahora podrían unirse a la huelga los transportistas.

El conflicto entre los profesionales de la salud y el gobierno bolivianos comenzó el 23 de noviembre en rechazo al artículo 205 del nuevo Código Penal que, según los médicos, criminaliza la mala praxis médica.

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¿Cuál es el motivo de la protesta de los médicos?


Los profesionales de medicina protestan en contra de un artículo del Código del Sistema Penal, que, a su juicio, penaliza la labor médica, y contra un decreto que instituye una entidad para fiscalizar la labor en el sistema público y privado.



Los médicos consideran que el artículo 205 del nuevo Código Penal habilita a la Justicia a encarcelar a quienes incurrieran en mala praxis, castiga la negligencia médica en el fuero penal y penaliza la labor médica; y cuestionan la creación de  una entidad para fiscalizar la labor sanitaria en el ámbito público.

Antes de la huelga, ya en noviembre y diciembre de 2017, los médicos decidieron la suspensión de unas 800.000 consultas y 10.000 cirugías, según cifras del ministerio de Salud

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Las primeras reacciones del gobierno



Cerca del día 28 de huelga, el gobierno de Bolivia reclamó a los médicos levantar la protesta que afecta la atención de la salud en el país. Se sumaron los pedidos en el mismo sentido, la Iglesia católica y de las Naciones Unidas que advirtieron sobre una crisis sanitaria nacional.

En tanto, la ministra de Salud Ariana Campero pidió a los huelguistas que "levanten el paro" y que piensen en los enfermos que, a su juicio, están afectados por los "caprichos y la falta de seriedad" de los dirigentes del sector.



Al día siguiente, el vicepresidente  García Linera advirtió que el artículo 205 del Código Penal no podía ser derogado, bajo el argumento de haber sido aprobado en consenso con la dirigencia médica, y asegurar que seguiría vigente no sólo para defender a los pacientes, sino también a los profesionales.

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Primeros acercamientos de negociación


El Gobierno y médicos se reunieron sin éxito casi una decena de veces, lo que motivó la intervención de la Iglesia y las Naciones Unidas para advertir sobre el riesgo que conlleva el conflicto. La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) pidió al Gobierno no apostar al desgaste y lo instó a "buscar soluciones".

El 2 de enero, cumplido el día 41 del paro, se estableció un preacuerdo entre el gobierno boliviano y el cuerpo médico en el que determinaron que en el caso del artículo 205 del nuevo Código Penal, que prevé sanciones a la mala praxis médica en el fuero penal, se paralizaría su aplicación hasta la aprobación de una Ley General de Salud y la creación de un Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, tareas que deberán cumplirse hasta junio de 2019.

El texto pactado establece, además, que los entes colegiados de médicos se comprometen a participar de manera activa en el "Encuentro nacional por la salud y la vida", que permitirá crear un nuevo sistema nacional de atención médica pública y una Ley general de Salud.


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Palos en la rueda, se suman los transportistas


Para el 4 de enero de este año, el conflicto cumplía 43 días, el rechazo de los médicos al artículo del nuevo Código Penal amenaza extenderse a los transportistas de carga pesada, que anunciaron un paro a partir del lunes si no se deroga tanto el artículo 205 como el 137.

El Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional e Internacional sostuvo el miércoles 3 de enero por la noche una reunión en Potosí en la que resolvió dar plazo al gobierno hasta el viernes 5 "para la derogación total del nuevo Código del Sistema Penal", según un voto resolutivo difundido por el sector. Si las autoridades no atiendían esta demanda, los transportistas, que se declararon en "estado de emergencia y vigilia", iniciarían una huelga indefinida a partir de este lunes 8 de enero.

El sector cuestiona diversos artículos del código promulgado en diciembre pasado al considerar que afectan a su labor y a otras "libertades y derechos, como el derecho al trabajo, al patrimonio y la libertad de protesta y sindicalización", citaron el diario local La Razón y la agencia de noticias EFE.


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El artículo 137 genera conflicto entre los transportistas


La principal observación del sector se centra en el artículo 137, porque aplica una "triple sanción" por homicidio culposo con medio de transporte. La norma dispone cárcel y resarcimiento económico además de la suspensión de la licencia de conducir.

Los transportistas resolvieron, además, desconocer a los parlamentarios que representan a ese sector y al máximo dirigente de la Confederación de Chóferes de Bolivia, Ismael Fernández, por haber aprobado la nueva norma sin haberles puesto al tanto previamente de los "alcances y perjuicios contenidos" en la ley.

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En busca de una solución


El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó este lunes 8 de enero que el Parlamento derogará "hasta el martes 9 del presente mes" al menos dos fragmentos observados del nuevo Código del Sistema Penal en cumplimiento a los acuerdos firmados con el sector de profesionales, informaron las agencias de noticias EFE y ABI.



El jefe de Estado pidió formalmente la semana pasada al Legislativo boliviano, donde el oficialismo es mayoría, que derogue los artículos 205 y 137, contra los que protestan médicos y transportistas, respectivamente, al considerar que criminalizan su actividad profesional con penas que incluyen la prisión.


"Hemos cumplido con nuestra palabra. No podemos decir lo mismo de los colegios médicos que después de ocho documentos y acuerdos firmados siguen sin atender a nuestro pueblo", afirmó Morales.